Sentencias destacadas sobre modificación de medidas relativas a la vivienda y pensión de alimentos por convivencia con un tercero y extinción de la pensión de alimentos de hijo mayor de edad

Sentencias destacadas sobre modificación de medidas relativas a la vivienda y pensión de alimentos por convivencia con un tercero y extinción de la pensión de alimentos de hijo mayor de edad

Os dejamos dos sentencias sobre modificaciones relativas a la vivienda y pensión de alimentos en dos casos concretos. 

¿En qué supuestos se puede valorar la posibilidad de una extinción del derecho de uso y disfrute de la vivienda familiar a una fecha concreta tanto de los hijos comunes como del progenitor?

¿Igualmente se podría establecer la extinción del derecho de uso y disfrute de la vivienda familiar de los hijos comunes mayores de edad?

Respecto a la extinción de la obligación de abonar pensión alimenticia al hijo mayor de edad, destacamos el art. 93, párrafo segundo, del CC , tras la reforma operada por la Ley 11/1990. La obligación alimenticia de los padres respecto de los hijos, que, por tanto, no cesa ni se extingue por el simple hecho de haber llegado éstos a la mayoría de edad, tiene un contenido amplio que abarca todo lo que sea indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica del alimentista, así como su educación e instrucción, según se desprende de la remisión al art. 142 del CC que, con carácter general, se hace en el citado art. 93, párrafo segundo, si bien, de acuerdo con la limitación prevista en el art. 142, párrafo segundo, del Código sustantivo, el derecho de alimentos solamente durará mientras se mantenga la situación de necesidad o no haya terminado la formación del hijo por causa que no le sea imputable (SS TS 24 abril 2000 y 28 noviembre 2003 ).

Por ejemplo, la independencia económica de un hijo de 19 años de edad existe y es una realidad actual, si goza de una evidente capacidad subjetiva para ejercer un oficio, pero además, al margen de la mayor o menor estabilidad de su situación laboral y del carácter temporal o definitivo de la misma, común a la mayoría de las relaciones laborales a las que se ven sujetas las personas de su edad, carentes de una alta cualificación profesional o que acceden por primera vez al mercado de trabajo, tiene una posibilidad concreta y efectiva de permanecer en él, y de atender por sí mismo a su propia subsistencia y a las necesidades más elementales de la vida, en relación con el nivel económico familiar, sin depender de sus progenitores. Debido a ello, el cese de la obligación de alimentos debe ser conforme al art. 152-3º del CC.

El régimen jurídico de los alimentos a favor de los hijos mayores de edad es distinto al de los alimentos de los hijos menores de edad no emancipados, dado que ya no se trata de un derecho de carácter incondicional e ilimitado temporalmente en cualquier hipótesis, encontrándose su fundamento en el vínculo de solidaridad y la comunidad de intereses que existe entre los miembros del grupo familiar.

En sentencia de fecha 1 de diciembre de 2014 del Juzgado nº 23 de Familia de Sevilla, dice que «el deber de alimentos subsiste hasta que alcancen los hijos la posibilidad de proveer por sí mismos a sus necesidades, entendida, no como una mera capacidad subjetiva de ejercer profesión u oficio, sino como una posibilidad real y concreta en relación con las circunstancias concurrentes, debiendo implicar los hijos la debida diligencia en la búsqueda de un trabajo, so pena de perder el derecho de alimentos, salvo que no haya terminado aún su formación por causa que no le sea imputable…Por ello, en evitación de posibles prolongaciones voluntarias del hijo mayor de edad o por apatía, en detrimento del padre obligado, la doctrina se inclina por la posibilidad de que se acote en el tiempo la obligación de la prestación alimentista». Según esta sentencia, el derecho alimenticio en pro de los hijos mayores «no ha de quedar sometido» en orden a su pervivencia a los solos requisitos de convivencia en el hogar familiar y falta de autonomía económica, ya que ello «podría derivar en una cómoda postura del alimentista, que, amparadas por sus necesidades básicas, no se esfuerza en lograr por sí mismo recursos pecuniarios o no pone tampoco especial empeño en culminar su formación académica o profesional, como elemento básico de su devenir laboral».

En sentencia de fecha 26 de noviembre de 2014 del Juzgado nº 1 de Familia de Dos Hermanas, se dice « que la hija ha terminado sus estudios… que tiene preparación para acceder a un empleo, y aunque afectados lógicamente por la gravísima crisis económica que sufre el país, no es óbice para mantener una pensión de alimentos para quien puede y debe mantenerse por sí, aún con las dificultades descritas ».

Respecto a la extinción de uso de la vivienda familiar, destacamos las siguientes sentencias:

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 20 de noviembre de 2018 que determina que: « El derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de las circunstancias que concurren en el caso. Se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar. La vivienda sobre la que se establece el uso no es otra que aquella en que la familia haya convivido como tal, con una voluntad de permanencia (sentencia 726/2013, de 19 de noviembre). En el presente caso, este carácter ha desaparecido, no porque la madre e hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a los fines del matrimonio. La introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza «por servir en su uso a una familia distinta y diferente».

La sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de enero de 2017 que sienta que: « la doctrina de esta Sala, limitó la aplicación rigorista del artículo 96.1  CC hasta la mayoría de edad de la menor para, alcanzada ésta, que se aplicase el artículo 96.3  CC y se decidiese prudencialmente a favor del cónyuge cuyo interés fuera el más necesitado de protección, cuando las circunstancias lo hicieren aconsejable.

En efecto existe doctrina de sentencia de pleno, que recoge la sentencia 315/2015, de 29 de mayo, rec. 66/2014, del siguiente tenor:

La mayoría de edad alcanzada por los hijos a quienes se atribuyó el uso, dice la sentencia de 11 de noviembre 2013, deja en situación de igualdad a marido y mujer ante este derecho, enfrentándose uno y otro a una nueva situación que tiene necesariamente en cuenta, no el derecho preferente que resulta de la medida complementaria de guarda y custodia, sino el interés de superior protección, que a partir de entonces justifiquen, y por un tiempo determinado. Y es que, adquirida la mayoría de edad por los hijos, tal variación objetiva hace cesar el criterio de atribución automática del uso de la vivienda que el artículo 96 establece a falta de acuerdo entre los cónyuges, y cabe plantearse de nuevo el tema de su asignación, pudiendo ambos cónyuges instar un régimen distinto del que fue asignación inicialmente fijado por la minoría de edad de los hijos, en concurrencia con otras circunstancias sobrevenidas».

Por tanto, en un supuesto de existencia de hijos mayores de edad y existir un procedimiento de liquidación de bienes de gananciales con estimación del inventario que componen los mismos y donde se especifica como ganancial la vivienda familiar, es de aplicación el art. 96.3 CC.

 

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